Desde su adquisición comienza a haber presencia de agentes y trabajadores de la empresa JDC minerales. Activistas locales refieren que la llegada de los trabajadores, así como la renuencia a socializar con los habitantes locales fueron generando incomodidad. La falta de información, además, no permitía tener claridad de los alcances del proyecto. Uno de los principales movilizadores fue la posibilidad de que, el proyecto, afectara la disponibilidad y calidad del agua.
En el año 2012 comenzaron a realizarse acciones locales para posicionarse frente a la inminente reactivación de la mina. El 3 de noviembre se realizó una asamblea entre habitantes, autoridades municipales y representantes de JDC. Esta fue la primera vez que se comunicó formalmente el proyecto, aunque los representantes de la empresa abandonaron la asamblea. De esa reunión se levantó un acta con 240 de 270 votos en contra de la mina. A partir de ahí se convocó a las localidades del municipio, a través de autoridades municipales y juntas auxiliares, para que levantaran actas similares en cada localidad. El 21 de noviembre se convocó a una nueva asamblea multitudinaria con habitantes de las 32 localidades del municipio, autoridades municipales y auxiliares. Ese día se realizó una marcha hacia las instalaciones de la empresa donde hubo confrontaciones directas entre habitantes opositores y trabajadores de la empresa. Sin embargo, la mayor confrontación ocurrió con el representante de la empresa quien afirmó tener los permisos necesarios para operar el proyecto. Ante esta declaración, los opositores le exigieron la presentación de dichos documentos. El evasivo comportamiento del representante aumentó la tensión. Con la intervención de autoridades municipales se procedió a tomar una resolución de asamblea. Así, los habitantes resolvieron exigir la salida de la empresa en un plazo de 15 días.
Si bien, la empresa acató la resolución de los habitantes locales y abandonó físicamente la mina, en el año 2015 ingresó un nuevo informe preventivo antes la SEMARNAT para solicitar autorización para el proyecto de exploración mediante barrenos. De nueva cuenta esta acción ocurrió al margen de los habitantes, a quienes no se les informó de los planes de reactivación del proyecto.
La SEMARNAT rechazó el informe preventivo por no ser procedente para el tipo de proyecto. Por este motivo le requirió la presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental.
